Los pueblos indígenas han hecho la tarea. Colombia ya cuenta con una sólida propuesta de Política Pública de Comunicación de y para los Pueblos Indígenas, ahora todo depende de la voluntad política del Gobierno. Con su resiliencia inagotable, una visión de futuro enraizada en un rico legado histórico y una polifonía de 65 lenguas, los 102 pueblos indígenas supervivientes de Colombia iniciaron en 2003 la monumental tarea de construir su propia política pública de comunicación.

Abrir las puertas “al universo de la vida pública” para las culturas e identidades aborígenes (el sueño expresado por Jeremías Tunubalá, el sabio comunicador del pueblo guambiano, en marzo de 2004, en Silvia, Cauca) podría hacerse realidad éste año, solo si el gobierno de Juan Manuel Santos tiene la voluntad política de rubricarlo.

Para empezar a desarrollar su ambicioso plan de “descolonizar la palabra”, los pueblos indígenas debieron primero posicionar la idea dentro de los 96 acuerdos del Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 y vincularla en la Mesa Permanente de Concertación, MPC, instancia en la que, en diciembre de 2017, lograron por fin protocolizar la propuesta de una Política Pública de Comunicación de y para los Pueblos Indígenas de Colombia.

Es que los pueblos indígenas del país consideran que los medios de comunicación adjudicados por el Estado (principalmente emisoras) son de mala calidad técnica, con escasa cobertura local y altos costos operativos; por tal motivo le solicitan una ley propia y de carácter especial que les permita fortalecer su lengua, identidad y sus procesos de organización social, política y cultural.

“La sustentación de esta política de comunicación indígena se centra también en la exigencia de una acción afirmativa en resarcimiento del etnocidio lingüístico y cultural provocado”, cita un aparte del documento. Como “el problema real (son) los contenidos”, elaborados maniqueamente por los medios tradicionales, un acceso igualitario a los medios de comunicación “de origen no indígena” (radio, televisión, internet, prensa, fotografía, cine, literatura) para generar su propia agenda informativa, pero con cimiento en su lengua, cosmogonía, usos y costumbres, es la ilusión de los pueblos aborígenes.

“La comunicación indígena es un tejido vivo en movimiento, la unidad del tiempo y el espacio que vive en la palabra, que enseña, aprende y cuenta; es un proceso colectivo espiritual y social que mantiene la armonía entre toda la vida y la naturaleza”, reza el documento, resultado de la II Cumbre Continental de Comunicación Indígena, de 2014. Con la política pública de comunicación propia, los pueblos indígenas de Colombia también desean la protección comprometida de sus conocimientos tradicionales y de su propiedad intelectual colectiva.

Cansados del proceso “utilitario con fines deshonestos” hechos por los medios tradicionales de comunicación con la música, la danza, la oralidad y el arte indígena en general, los pueblos aborígenes buscan subvertir ese modelo, con “procesos reales de protección, promoción y dignificación de la creatividad, la ritualidad y la trasmisión del conocimiento”.

De concretarse en 2018, la política pública de comunicación, el periodismo y la Colombia indígena habrían conseguido una inmensa victoria. Y para la prensa tradicional es un aleccionador y necesario llamado hacia la pluralidad y la excelencia. Aunque no todo es promisorio para los indígenas colombianos.

Violencia contra los medios y periodistas indígenas

El informe sobre el estado de la libertad de prensa en Colombia en 2017 (Un Estado Depredador), dado a conocer por la Fundación para la Libertad de Prensa, Flip, el pasado 9 de febrero, durante la celebración en el país del Día del Periodista, evidencia las graves violaciones al derecho a la libertad de prensa y de expresión contra los pueblos indígenas.

Para la Flip, los principales depredadores de los comunicadores y medios indígenas durante el año anterior fueron los policías adscritos al Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) y el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (MinTic), entidad que paradójicamente colaboró en la construcción de la política pública de comunicación pero pone barreras administrativas sobre las emisoras comunitarias, principalmente.

Y es que Cauca es uno de los departamentos más adversos para ejercer la libertad de expresión, señala la Flip, no en vano el departamento cuenta con el mayor porcentaje de población indígena de Colombia, con más de 190.000 personas, establecidas en 26 de los 39 municipios, y ocho (8) grupos étnicos oficialmente reconocidos: Paez, Totoró, Guambiano, Yanakona, Kokonuco, Inga, Pubenense y Eperara Siapidara.

La muerte en el marco de una manifestación comunera de la periodista María Efigenia Vásquez Astudillo, adscrita a la emisora Renacer Kokonuco (HJZ87 90.7 FM y en Tunei.com), el pasado 8 de octubre de 2017, en Puracé, Cauca, muestra el alto grado de violencia de los policías del Esmad, enviados para reprimir brutalmente las protestas.

La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, expresó mediante comunicado “su profunda preocupación” por el homicidio de Vásquez Astudillo e instó al Estado colombiano a “actuar con la debida diligencia y celeridad en el esclarecimiento” de su muerte.

La CIDH también le advirtió al gobierno que, en “contexto de manifestaciones y situaciones de conflictividad social (…) debe otorgar el mayor grado de garantías para que (los periodistas) cumplan su función” de informar.

El informe también evidencia el contexto de violencia previo al asesinato de Efigenia, ya que la emisora donde laboraba fue apedreada por parte de integrantes del Esmad y, en hechos posteriores, los policiales suspendieron por varias horas el servicio eléctrico de la estación radial para impedir se informara del avance de las protestas comuneras sobre la propiedad colectiva de un predio, ahora en poder de industriales azucareros.

Otra de las graves agresiones en contra de las emisoras indígenas del Cauca, dice la Flip, la protagonizó el MinTic, al imponer “obstáculos administrativos” como prohibir la transmisión en red y el recaudo económico por pauta comercial que tiene al borde del cierre a 7 de las 11 emisoras indígenas del departamento.

Dichas emisoras, catalogadas como comunitarias, están agobiadas con las deudas por concepto de licencia para el uso del espectro electromagnético, lo que derivó en el embargo, por parte del MinTic, de las cuentas bancarias de 3 de los resguardos, representantes legales de las emisoras. Por tal motivo, los indígenas le solicitan al Estado la condonación de la deuda por el uso del espectro electromagnético y por pago de derechos a Sayco y Acinpro.

Colombia: es fundamental ceder la palabra a los pueblos indígenas, con su propia lengua o con la prestada: el español, ellos nos hablarán “no sólo acerca de ‘asuntos indígenas’, sino de los del conjunto de país”.

Artículo realizado por: Adolfo Flórez Garzón

Fuente: Colombia Plural